Los falsos +

Los Falsos Positivos:

“Los Nadie, que cuestan menos que la bala que los mata”

El conflicto armado en Colombia es un problema interno que se desarrolla desde principios de la década de los años 1960, pasando por una serie de etapas de recrudecimiento, en especial cuando algunos sectores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. El conflicto, tiene antecedentes históricos en la violencia bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores que datan a la época colonial cuando Colombia siendo la Nueva Granada se independizó del régimen monárquico español. Sin embargo, la época en que se presentó un mayor incremento fue entre 1988, cuando estaba en la presidencia Virgilio Barco y se rompieron los diálogos de paz con las guerrillas, hasta 2003 con el accionar del estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares, durante el inicio de la presidencia de Álvaro Uribe.

Al volverse la situación tan “peluda”, Uribe implementó la política de seguridad democrática, una política gubernamental que propone un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del estado y de sus órganos de seguridad frente la amenaza de grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales.

La política de seguridad democrática, plantea que existe la necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional, y que al mismo tiempo debe ser la sociedad y no sólo los órganos de seguridad quien debe colaborar para obtener un éxito militar satisfactorio frente a los grupos armados al margen de la ley, que lleve a la desmovilización o rendición de sus miembros.

“(…) La Seguridad Democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos (…)”. Álvaro Uribe

Es bien sabido que esta política ha ayudado al mejoramiento de seguridad del país en gran medida, puesto que ha permitido que las carreteras puedan volver a ser transitadas sin temor a que los viajeros sean secuestrados o caigan en las llamadas Pescas Milagrosas. Además, la confianza que genera, ha consentido que la inversión extranjera vuelva al país. Entre algunos hechos sobresalientes, resultado de la seguridad democrática, se encuentra el rescate de 15 secuestrados en la Operación Jaque, que se encontraban en poder de las FARC. Al igual que ha llegado a golpear duramente a dicha organización, afectando a varios miembros del secretariado de las FARC, entre ellos está el fallecimiento de Raúl Reyes en la controvertida Operación Fénix y el asesinato de Iván Ríos a manos de un subordinado a quien el gobierno pagó una recompensa. Igualmente se han desmovilizado varios miembros rasos de las FARC e incluso algunos comandantes como lo fue el caso de alias "Karina" quien se entregó en mayo de 2008.

Sin embargo, este mecanismo de defensa ha recibido duras críticas y se le han encontrado varias “caídas”. Una de las críticas de los detractores consiste en que, aunque haya dado algunos resultados en materia de protección, la política de seguridad democrática se queda totalmente corta a la hora de enfrentar todos los aspectos del complejo problema de la violencia y del conflicto colombianos.

Otra de las críticas, considera que al involucrar a la población civil en la defensa activa del estado, se estaría exponiendo a los civiles a un mayor grado de la intensidad del conflicto armado, por parte de todos los grupos armados, incluyendo de los abusos que ejecutasen algunos miembros de los organismos de seguridad.

Pero la “caída” que ha generado mayor controversia, fue la que se produjo por el afán de tener resultados rápidos por parte de una política sombría y para demostrar que realmente el estado colombiano, como un “macho”, con los pantalones bien firmes a la cabeza, realmente está ganando esa guerra que parecía imposible de ganar. Los medios por los cual esto se consigue, son secundarios: lo importante es el fiambre, la mano cortada, los cuerpos despedazados. Eso es lo que cuenta. Y es con ese fin que se ha establecido todo un sistema de estímulos para que la soldadesca se motive a entregar los ansiados resultados: ascensos, días libres, amén de la presión puesta por la exigencia de “cuotas de muertos” por parte de los altos mandos militares. Ese sistema de estímulos, en el marco de la estrategia de cooperación cívico-militar del actual gobierno, se ha traducido también en la creación de una extensa red de informantes o “sapos”, como se les llama coloquialmente, que colaboran con información a cambio de unos cuantos “pesitos”, que pueden ir de unos $5.000 por entregar un cilindro-bomba hasta muchos miles de millones por dar información sobre algún miembro del secretariado de las FARC-EP. Esto ha llevado a una degradación del conflicto al más puro estilo del Far West. Los civiles por las suculentas recompensas y los soldados por las posibilidades de hacer carrera, son de esta manera puyados para que apuren el tranco en esta fiebre de los “resultados”.

Es en este contexto, en donde tiene que entenderse el fenómeno típicamente colombiano de los “falsos positivos”. Un concepto que a cualquiera que no esté familiarizado con la realidad colombiana le parece sencillamente un oxímoron, pero que es en realidad, una palabrita cuya sola mención hace que a cualquier campesino colombiano le dé escalofríos.

En medicina, un falso positivo es cuando a alguien se le diagnostica de una enfermedad que no padece. En la jerga militar colombiana, un falso positivo, es algo similar: declarar un resultado positivo del Ejército a algo que no lo es. Puede ser el montaje de auto-atentados de los cuales culpan a las fuerzas insurgentes, puede ser la supuesta frustración de algún plan terrorista por parte del Ejército, puede ser culpar de una masacre cometida por terceros a las guerrillas, puede ser asesinar a civiles para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate; en fin, la lista de posibilidades de falsos positivos es bastante larga y extensa. Después, el estado tiene el atrevimiento de transmitir a todo el país, como si se tratara de un macabro reality show, los últimos “golpes contundentes” a las guerrillas o se exhiben, con morbo rayando en lo pornográfico, los insurgentes capturados o los cadáveres de los guerrilleros abatidos. Y todo esto para jactarse de hombría, siendo que solo acaba por demostrar que al gobierno le faltan güevas y que el pueblo colombiano tiene los ojos llenos de mierda.

Lo que se vive en Colombia no es política, ni es de seguridad ni mucho menos democrática, es guerra de unas proporciones enormes que en nombre de “la lucha contra el terrorismo”; pretende que ignoremos la pobreza y la miseria crecientes, el desempleo, el rearme de grupos paramilitares y narcotraficantes, el desbordamiento del desplazamiento forzado, la parapolítica, la delincuencia organizada, las privatizaciones de los servicios públicos, las chuzadas del DAS ordenadas por los gobiernos de turno, los asesinatos de jóvenes pobres por parte del ejército y la policía, la corrupción del gobierno y en general, la descomposición de un estado dedicado a la criminalidad.

“Las estadísticas de la seguridad democrática no se pueden seguir escribiendo con la sangre de personas inocentes”